Las principales asociaciones de familias con representación nacional consideran que el retraso del permiso de paternidad de un mes que iba a entrar en vigor el próximo enero demuestra el "nulo" apoyo del Gobierno a este colectivo. Asimismo, la Federación de Mujeres Progresistas y la Federación de Mujeres Empresarias (FEDEPE) coincidieron en lamentar la decisión y consideraron que se trata de "un paso atrás" que resulta "muy negativo". Mientras, la oposición recriminó su postura al gobierno y le instó a suprimir el Ministerio de Igualdad en lugar de aplazar la ampliación del permiso de paternidad. Asimismo, CiU consideró que el aplazamiento demuestra la "falta de previsión" del Ejecutivo.

Así, la presidenta de la Unión de Asociaciones de Familias (UNAF), Juana Angulo, lamentó que por la situación económica, los recortes afecten "de nuevo" a las familias, que son las que "menos culpa tienen de la crisis" y "las que más contribuyen al desarrollo de una sociedad igualitaria". En la misma línea, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, indicó que se trata de una decisión "tremendamente errónea". En su opinión, en época de bonanza económica, las familias "no han sido una prioridad para el Gobierno" y ahora, con la crisis, "las castiga".

"Una de las formas de salir de esta situación económica es recuperando el equilibrio demográfico", ha advertido Blanco, al tiempo que ha asegurado que hay "muchas" forma de ahorrar, si se analiza "con detalle" el gasto público. "Sólo con que se quitasen subvenciones absurdas a las actividades del movimiento feminista dentro y fuera de España, se ahorraría mucho dinero", apostilló.

Por su parte, el presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, ha señalado que si el Gobierno con esta aplazando esta medida quiere ahorrar 200 millones de euros, que "deje de construir 10 kilómetros de carreteras y quite asesores y organismos inútiles como el Ministerio de Igualdad". "Se ahorra gestionando bien, pero no eliminando medidas necesarias, y más en tiempos de crisis", ha explicado Hertfelder, para quien el retraso supone un compromiso "incumplido" y una medida "profundamente regresiva". "Esto penaliza a las familias y demuestra incapacidad e incompetencia para gobernar", ha lamentado.

Asimismo, desde la Federación Española de Familias Numerosas (FENF), han señalado que el retraso del permiso de paternidad es "una muestra más del escaso o nulo apoyo del Ejecutivo a la familia". Asimismo, han denunciado que en menos de seis meses se haya perdido el 'cheque-bebé' y este permiso, que, según han recordado, "estaba prometido y comprometido en la Ley de Igualdad". "Supone un retroceso en las políticas de conciliación que tanta falta hacen a las familias y, en particular, a las mujeres, que deben tener las condiciones adecuadas para poder tener hijos", aseveraron.

"UN PASO ATRÁS"

También se opuso la presidenta de FEDEPE, Carmen Chacón, quien opina que demorar "que el hombre se pueda implicar desde el principio y hacerse cargo de su paternidad" significa "demorar la corresponsabilidad y que la madre tenga más capacidad para incorporarse al trabajo o desempeñar otras tareas además de cuidar al hijo". Para Chacón, "en algunas cosas da la impresión de que el Gobierno está yendo hacia atrás", y en este caso, relacionado con la igualdad de género, es un asunto "bastante sensible" porque no se trata de gasto, sino de inversión. "Con lo que nos esta costando conseguir una posición a las mujeres, todo lo que vaya hacia atrás de la conciliación es negativo y es grave", señaló.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, lamentó la decisión del Gobierno y espera que la ampliación de los permisos se articule "en cuanto se empiece a salir un poco de la crisis". Besteiro señaló que la ampliación de los permisos es "una medida importante" aunque la federación "también entiende que en tiempos de crisis haya sido necesario posponerlo". "Supongo que los que preparan los Presupuestos Generales del Estado atienden a la prioridad e intentan conseguir lo mejor para todos", subrayó. No obstante, espera que "no se pierda la perspectiva de que en cuanto se salga un poco de la crisis" se implante definitivamente esta medida encaminada a promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de los hijos.

SUPRIMIR IGUALDAD

Una postura más tajante es la que adoptó la portavoz del PP en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Sandra Moneo, al pedir al Gobierno que "suprima el Ministerio de Igualdad" en vez de aplazar la ampliación. "Si el Gobierno quería ahorrar tenía una ocasión suprimiendo un ministerio que no ha servido para nada y que cuesta a los españoles más de 100 millones de euros anuales", señaló.

Además, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "atropellar las políticas de conciliación de trabajo y familia", según ha añadido, "porque nunca ha creído en ellas y porque pretende que sean los más débiles los que paguen el despilfarro y la ineficacia del Gobierno". En su opinión, es "contradictorio" que mientras en la Unión Europea se presentaba una estrategia sobre políticas de igualdad y conciliación, en España "se siga un camino distinto". "Después de suprimir el cheque-bebé, nos encontramos con que Zapatero sigue reduciendo las políticas sociales destinadas a los que más lo necesitan", añadió.

Finalmente, apuntó que "el discurso feminista de Zapatero es simplemente eso, un discurso". "No se ha traducido en ni una sola medida de apoyo real a la mujer que quiere conciliar, que necesita un trabajo más flexible y medidas de conciliación para que mujeres y hombres se encuentren en igualdad de oportunidades", sentenció. Asimismo, la portavoz popular manifestó que la conciliación "no es la política de Zapatero, porque nunca la ha impulsado ni le ha interesado" y le ha acusado de utilizar "un discurso fácil y ficticio". "Zapatero ha sido un presidente nefasto para las políticas de igualdad y para las mujeres de este país", concluyó.

"FALTA DE PREVISIÓN"

Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, manifestó que la decisión del Gobierno muestra "su falta de previsión".

La Cámara Baja aprobó esta medida --a propuesta de CiU-- en octubre del año pasado y se puso como fecha para su implantación el 1 de enero de 2011. En la proposición inicial, la formación catalana pedía que se aplicase desde el momento de su aprobación, una circunstancia que el Gobierno no compartía por la situación económica que atravesaba el país. Así, se alcanzó el acuerdo para ponerla en marcha en 2011.

En este sentido, Duran ha apuntado que el aplazamiento anunciado por el Gobierno "demuestra el poco control que el Ejecutivo tiene sobre la crisis si hace poco menos de un año no supo preveer que no podría asumir este coste de 200 millones y apostar por la igualdad".